Puerto Rico no tiene poderes para renegociar la deuda

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Puerto Rico deuda.

Puerto Rico deuda.

La Voz Hispana de Nueva York, 14 de junio de 2016 – En menos de una semana, Puerto Rico recibió un segundo revés por parte del sistema de justicia federal, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que el territorio estadounidense no tenía autoridad para aprobar la Ley para el Cumplimiento de las Deudas y la Recuperación de las Corporaciones Públicas.

A unas dos semanas de que Puerto Rico tenga que pagar unos $1,919 millones a sus bonistas, dinero que el gobierno alega no tiene, el máximo foro federal confirmó este lunes, el fallo del Primer Circuito de Apelaciones, instancia que a su vez, confirmó la inconstitucionalidad de la Ley 71 de 2014, también conocida como la quiebra criolla. La decisión fue dividida: 5-2.

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“La enmienda de 1984 (al Código de Quiebras) excluye a Puerto Rico de autorizar a sus municipios a buscar alivio bajo el capítulo 9, pero no saca a Puerto Rico del alcance de la provisión de preeminencia del capítulo 9”, reza la opinión de la mayoría, suscrita por el juez Clarence Thomas y respaldada por el juez presidente John G. Roberts y los jueces asociados Anthony M. Kennedy, Stephen G. Breyer y Elena Kagan.

La jueza asociada Sonia Sotomayor presentó una opinión disidente que suscribió su homóloga Ruth Bader Ginsburg. El juez Samuel A. Alito se inhibió de la controversia.

De acuerdo con la decisión, aunque en 1984, Puerto Rico fue excluido de la definición de “estado” para efectos de facilitar los remedios que ofrece el capítulo 9 del Código de Bancarrota federal a jurisdicciones municipales en problemas, el territorio estadounidense continúa siendo “un estado” para otros propósitos vinculados al capítulo 9, incluyendo la cláusula de preeminencia. Ello, tiene el efecto de impedir que Puerto Rico pueda legislar su propia versión de una ley de bancarrota y aplicarla a corporaciones públicas, puesto que esa materia es competencia del Congreso de Estados Unidos.

La decisión de la corte suprema federal pone fin a una disputa entre el gobierno puertorriqueño y los fondos institucionales Franklin Templeton, Oppenheimer Funds y el fondo de cobertura de riesgo Blue Mountain Capital que comenzó a mediados de 2014. Entonces, las firmas que poseen unos $2,000 millones en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), demandaron al gobierno puertorriqueño cuando la administración de Alejandro García Padilla -en un intento por forzar la renegociación de la deuda pública de esa instrumentalidad- aprobó el controversial estatuto.

El juez de distrito federal, Francisco A. Besosa, declaró inconstitucional la Ley 71 de 2014 en febrero de 2015; el Primer Circuito de Apelaciones confirmó el fallo en julio de ese mismo año, a lo que Puerto Rico contestó con un recurso de certiorari al alto foro federal, remedio que ese foro acogió.

El fin de la disputa, empero, deja a Puerto Rico sin capacidad en ley para convocar o forzar a sus acreedores a entrar en un proceso de renegociación de la deuda, justo cuando el territorio estadounidense se encuentra a las puertas de un impago de las obligaciones generales (GOs, en inglés) en julio próximo.

De igual forma, la decisión de la Corte Suprema estadounidense se produce sin que se conozca la suerte definitiva del HR5278, estatuto que busca establecer una junta fiscal para la Isla y proveer un remedio para la renegociación de la deuda de la Isla, bastante parecido al que contemplaba la llamada ley de quiebra criolla. El HR5278 fue aprobado en la Cámara baja federal la semana pasada y ahora se encuentra ante la consideración del Senado.

Según la opinión, la mayoría de los jueces no acogieron los planteamientos de la jueza Sotomayor, quien coincidió con el gobierno puertorriqueño en la capacidad de este para legislar la quiebra criolla, una vez se excluyó al territorio estadounidense de la aplicabilidad del capítulo 9.

“Encontrar preeminencia aquí significa que se deje a un gobierno sin poderes y sin ningún proceso legal para ayudar a 3.5 millones de ciudadanos”, indicó la jueza Sotomayor.

“El Congreso puede meterse y resolver la crisis de Puerto Rico. Pero en el interín, el gobierno y el pueblo de Puerto Rico no tiene que esperar por una posible acción congresional para evitar las consecuencias de tener electricidad poco confiable, transporte y agua segura, consecuencias que miembros del Ejecutivo y la Legislatura han descrito como ‘una crisis humanitaria’ inminente”, reza la opinión disidente de la jueza Sotomayor.

En contraste, según la decisión mayoritaria, si bien Puerto Rico no tiene autoridad para permitir que sus dependencias o municipios se acojan al capítulo 9 del Código de Quiebras federal, ello no implica que pueda ocupar el campo de acción que ya tiene el Congreso.

“Si la intención del Congreso también hubiera sido la de excluir a Puerto Rico como “estado” para efectos de la cláusula de preeminencia, lo hubiera dicho”, replica la opinión mayoritaria.

La decisión de la Corte Suprema se produce cuatro días después de que ese foro rechazara los planteamientos del territorio estadounidense -en Puerto Rico v Sánchez Valle- acerca de su autoridad para acusar a un individuo por los mismos delitos por lo que fue procesado en el foro federal. En ese caso, el foro judicial determinó que Puerto Rico no es soberano para efectos de la cláusula constitucional de doble exposición.

Fuente El Nuevo Día

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